Amnistía Internacional informa:

URGENTE: MALAS NOTICIAS DESDE IRAN

Segun informaciones recibidas, Ja’far Kiani habría sido lapidado el 5 de julio de 2007 en el pueblo de Aghche-kand, cerca de Takestán, en la provincia iraní de Qazvin. AI ha pedido urgentemente al presidente de la magistratura, el Ayatolá Hashemi Shahroudi, que intervenga de inmediato para evitar la ejecución por lapidación de Mokarrameh Ebrahimi, mujer condenada en la misma causa.

La ejecución por lapidación agrava la brutalidad de la pena de muerte y es un método concebido específicamente para aumentar el sufrimiento de la víctima.

La moratoria en el uso de la lapidación, anunciada en 2002 por el presidente de la Magistratura, se mantuvo hasta 2006, año en que, según informes, Irán reanudó las ejecuciones por lapidación.

Un hombre, ABBAS HAJIZADEH, y una mujer, MAHBOUBEH MOHAMMADI, habrían sido ejecutados en mayo de 2006 por lapidación en un cementerio de Mahshhad. Más de un centenar de miembros de la Guardia Revolucionaria y de las Fuerzas Bassij habrían participado en ella. Según los informes, las víctimas habían sido declaradas culpables del asesinato del esposo de Mahboubeh Mohammadi y de adulterio. Fue por este último cargo por el que fueron condenados a muerte por lapidación.

La premio Nobel de la Paz, la iraní Shirin Ebadi agradece el apoyo de Amnistía Internacional a la lucha de activistas iraníes para poner fin a las lapidaciones en su país.

El Código Penal iraní estipula que la pena por adulterio es la ejecución por lapidación y es muy específico con respecto al modo de llevar a cabo la ejecución y al tipo de piedras que deben utilizarse. El artículo 102 dispone que para la lapidación los hombres tienen que ser enterrados hasta la cintura y las mujeres hasta el pecho. El artículo 104 dispone, en relación con la pena por adulterio, que deben utilizarse piedras «no tan grandes como para matar a la persona de uno o dos golpes ni tan pequeñas como para no poder considerarlas piedras». La muerte por lapidación viola los artículos 6 (derecho a la vida) y 7 (prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) del «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».